El pasado 9 de diciembre se registró en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, un accidente cuando un tráiler, que transportaba en su caja, a alrededor de 150 migrantes de diversas nacionalidades, se volcó por el exceso de peso y como resultado murieron un tercio de ellos (hasta el cierre de esta edición). Viajaban en condiciones de hacinamiento y habían pagado unos cuantos miles de dólares buscando salir de sus países con la intención de encontrar en otras latitudes mejores condiciones de vida y seguridad. Frente al hecho, y como en muchas otras ocasiones, la respuesta es culpar a alguien más de lo ocurrido. La respuesta desde Palacio Nacional fue argumentar que hechos como el ocurrido eran una consecuencia de la lentitud de la administración norteamericana para solucionar la crisis migratoria que afecta a nuestra frontera norte desde hace ya varios meses.

Este hecho nos muestra una vez más la contradictoria e insuficiente política mexicana frente al fenómeno migratorio. El posicionamiento mexicano sigue desarrollándose desde una lente de país expulsor de migrantes, en el que, frente a Estados Unidos, principal receptor de nuestros connacionales se exigen condiciones y reclamaciones cuando se producen violaciones y actos inaceptables desde la perspectiva de los derechos humanos y los múltiples tratados internacionales que nuestro país ha reconocido. Sin embargo, se ha olvidado que México en virtud de su posición geográfica y de sus características tanto políticas como económicas se ha convertido en los últimos años, en un país no sólo de tránsito sino también receptor de migrantes que salen de sus países en busca de oportunidades.

Es indispensable hacer un replanteamiento de la política y el discurso mexicano, así como asumir la responsabilidad de las acciones de nuestras autoridades que, desafortunadamente, no son muy diferentes de aquellas fuertemente criticadas cuando son cometidas por las autoridades norteamericanas frente a nuestros connacionales.  Por ejemplo, respecto al accidente de hace unos días, de acuerdo con los registros del recorrido realizado por el tráiler, éste atravesó por al menos tres puntos de inspección a cargo de las autoridades migratorias y en ninguno de ellos fue detectado y mucho menos detenido, las placas que portaba el vehículo habían sido clonadas y, finalmente, el chofer se dio a la fuga y sigue sin ser detenido. La bandera de esta administración ha sido desde su inicio en 2018, el combate a la corrupción que en este caso parece no ser muy exitosa.

Desafortunadamente, el hecho no es un caso único. Los reportes de migrantes provenientes de diversas latitudes ante organismos como Human Rights Watch, dan a conocer constantes extorsiones, amenazas y abusos de parte de las autoridades mexicanas. Las denuncias se han incrementado en los últimos meses ante el endurecimiento de la política norteamericana que ha provocado que los migrantes que salen de sus países en busca de mejores condiciones tengan que permanecer en nuestro país por varios meses en zonas de nuestro país que sabemos que son inseguras y que los colocan en condiciones no muy diferentes a aquellas en las que se encontraban en sus países de origen.

 La demanda de protección de nuestros connacionales de parte de Estados Unidos es, sin duda, necesaria pero ya no es suficiente. Tampoco basta con argumentar que el trato hacia los migrantes que pasan diariamente por nuestro territorio va a gestionarse a partir de acuerdos internacionales si al final ello no se traduce en la práctica habitual y se cumple a cabalidad. Ofrecer a los sobrevivientes permisos de trabajo y posibilidades de establecerse de manera regular en nuestro país no resuelve el problema y mucho menos, es aceptable que ante un hecho como el ocurrido, el presidente López Obrador responsabilice de la tragedia al vecino del norte.

México ha dejado de ser un país de tránsito. El día de hoy, el discurso y las acciones tienen que dejar de estar centradas en ello. Se requiere coherencia en la política mexicana frente a la migración para atenderla de manera adecuada, así como combatir las prácticas inaceptables de parte de las autoridades migratorias que sabemos que existen. Es vital que se implementen acciones que garanticen que todo aquel que cruza por nuestro territorio no se vea afectado por amenazas, en ocasiones muy similares, a aquellas que lo llevaron a abandonar su país.