Ciudad de México. Sabemos que La Ley Nacional de Extinción de Dominio es un procedimiento que tiene el Estado para recuperar bienes que han sido producto de hechos ilícitos: trata de personas, lavado de dinero, ocultamiento de bienes, explica el maestro Adrián Polanco Polanco.

Pero debemos estar atentos para evitar excesos y atropellos; “preguntarnos cuáles son los límites de esta figura; analizar el objeto de la figura misma a profundidad, su estructura procedimental, y cuáles son las actitudes que puede tener el actor y el demandado”.

Para el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, doctor Alfredo R. Uribe Manríquez, la Ley Nacional de Extinción de dominio “es un instrumento que parece ser afectivo a la luz de experiencias internacionales.

La delincuencia organizada al cometer un delito persigue lo económico y transnacional. Por lo tanto, si se priva de estos bienes a la delincuencia organizada se afectan fuertemente sus objetivos”.

Tanto Adrián Polanco Polanco como Alfredo R. Uribe Manríquez serán catedráticos en el diplomado “Ley Nacional de Extinción de Dominio: una visión teórico práctica”, el cual será impartido en abril en la UDLAP Jenkins Graduate School, y se considera el primero en México en esta materia.

El magistrado Uribe Manríquez afirma que es necesario que “todos los operadores jurídicos deban profundizar en el análisis de esta ley. Ya sean jueces, defensores, ministerios públicos y profesionales en general”.

Sin embargo, la doctora Xóchitl Padilla Sanabria considera esta ley “un auténtico retroceso porque viola derechos humanos. Para demandar a alguien se requiere un hecho ilícito aunado a un proceso que puede ser seguido ante tribunales, y que se permita a la parte demandada, al denunciado o al procesado defenderse”.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio, agrega la penalista y especialista en sistema anticorrupción, permite al Estado aplicar medidas cautelares antes incluso de la notificación del inicio de un proceso de extinción de dominio”.

Dice la catedrática de la UDLAP Jenkins que los profesionales vinculados a estos procesos, deben “aprender a conocer los puntos finos en materia de derechos humanos para que esta ley se pueda considerar violatoria de los mismo”.