El golpe de estado registrado ayer, 1 de febrero, en Myanmar puso fin al recién llegado gobierno que resultó triunfador en el proceso electoral del pasado noviembre y que desde sus inicios tuvo que hacer frente a las acusaciones de fraude esgrimidas por la oposición y la cúpula militar de ese país.

El General Min Aung Hlaing, quien lo encabezó, declaró el estado de emergencia por un año y prometió la realización de nuevas elecciones en febrero de 2022. Sostuvo que este hecho fue necesario para proteger la soberanía nacional que se vio amenazada por el fraude ocurrido en el proceso electoral de noviembre, y que llevó al triunfo con alrededor del 80% de los votos, a Aung San Suu Kyi, como consejera de Estado, y a Win Mynt, como presidente. A pesar de que el país está constituido como una república presidencialista desde el fin de la dictadura militar en 2011, Suu Kyi no puede acceder al cargo de Presidenta, aunque funge como tal, debido a que sus hijos tienen nacionalidad extranjera.

Desde el fin de la dictadura militar en 2011, se han producido fallidos intentos del establecimiento de un régimen democrático, que han sido bloqueados por el ejército, quien gracias a la Constitución cuenta con una posición preponderante en el régimen político birmano. Además de lo anterior, desde 1982 y sobretodo en los últimos años, este actor es también responsable de la persecución, clasificada por la ONU como “limpieza étnica”, de la población rohingya, grupo musulmán que habita en el país desde el siglo XI. Como resultado de esta situación que en 2017 cobró proporciones considerables, se ha producido un éxodo de refugiados hacia Bangladesh, con quien Birmania comparte fronteras, y que llega hasta el momento a un total de 622 mil personas de las cuales alrededor del 50% son menores.

Desde las primeras horas, el golpe de estado fue repudiado por la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó inmediatamente el acto argumentando que éste va en contra de la voluntad del pueblo birmano. El presidente norteamericano Joe Biden, exhortó al ejército a abandonar el poder inmediatamente y enfatizó que habrá una revisión a las sanciones económicas que habían sido retiradas paulatinamente del país durante la última década, y calificó el hecho como un asalto directo a la transición democrática y el estado de derecho. México, quien tradicionalmente se ha posicionado en favor de la solución pacífica de las controversias, llamó a la restauración del régimen democrático e invitó a los actores involucrados al uso de las vías multilaterales y regionales para avanzar en favor de la democracia y el consenso.

Hasta el momento no hay de parte de la cúpula militar una postura que haga pensar que será posible la negociación en los próximos días. Desde los primeros momentos de la toma del poder, tanto la consejera de Estado, Suu Kyi junto con el presidente Mynt y otros ministros del gobierno fueron detenidos. Por todo lo anterior, la situación hace pensar que tal y como ha ocurrido en los últimos años, la transición a la democracia en Myanmar tendrá que esperar.