Recientemente, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) publicó su Sexto Informe de Evaluación en el que concluye con absoluta precisión que, por primera vez, todas las regiones del mundo son (y, seguramente, seguirán siendo) sujetos pasivos del calentamiento global y de los fenómenos climáticos extremos (huracanes, sequías atípicas, tornados, nevadas, olas de calor, etc.) que se asocian con el riesgo de inversión así como de otros acontecimientos catastróficos con connotaciones sociales y de salud (traslado de las zonas templadas hacia los polos, incremento del nivel de los mares, desplazamiento de los vectores de enfermedades tropicales hacia las grandes concentraciones urbanas, etc.

Es, como dice el informe “un código rojo para la humanidad” que reclama “…reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala”.

Sin embargo, como suele ocurrir con los pasivos ambientales cuyas causas son generalmente colectivas y difusas, es difícil establecer un concepto rector que tenga la capacidad de individualizar las contribuciones a la reducción de gases de efecto invernadero conforme al principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” de manera tal que cada Estado y cada agente económico tenga la disposición a reducir su huella de carbono e internalizar sus costos ambientales.

A partir de la evidencia científica del carácter antropogénico de la crisis climática habría que concluir que estamos en presencia de un fenómeno que deberá atenderse desde ahora para mitigar sus consecuencias futuras para la siguiente generación, es decir, en la necesidad de reexpresar el concepto de desarrollo sostenible contenido en el informe de la Comisión Brüntland de 1987, respecto del aprovechamiento de los recursos naturales y la tasa de descuento del futuro de éstos.

Sin embargo, hay que tener en consideración que la gestión ambiental gubernamental se ha sostenido tradicionalmente en dos pilares: i) el diseño y despliegue de la regulación directa a base de disposiciones de comando y control y, en consecuencia, en la fiscalización estatal del cumplimiento de éstas en base a un sistema de sanciones establecidas con el propósito de obtener la conducta socialmente esperada, que, en general, ha sido promover el uso racional de los recursos naturales y su conservación, así como la minimización y gestión integral de los residuos.

Empero, en el caso de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ese modelo regulatorio no funciona; básicamente porque las cuotas obligatorias de mitigación de éstas impuestas a los agentes económicos puede provocar ajustes ruinosos a su productividad, además de ser de casi imposible su fiscalización, por lo que hay que recurrir a otro tipo de estrategias e instrumentos: los estrictamente económicos y los propiamente sociales, basados en la responsabilidad corporativa.

Se requiere, en efecto, de una agenda social que acompañe a los instrumentos económicos pertinentes (financieros, de mercado, seguros, etc.) en la búsqueda de atender los intereses involucrados en la emisión de gases de efecto invernadero, ya sea en la manufactura, agroindustria, ganadería, manejo de residuos, etc,, de acuerdo con su propia lógica.

Actualmente, los circuitos financieros y el sector bancario, por una parte, han empezado a reaccionar para favorecer la inversión en proyectos que reduzcan las emisiones (sumideros de carbono, por ejemplo) o bien que sustituyan la generación de electricidad usando combustibles fósiles como energía primaria, por otros basados en energías limpias.

Por la otra, la adopción reciente de la noción de que la sociedad a fin de cuentas es un “contrato entre generaciones” por lo que implica una vinculación irreversible con los derechos humanos (en este caso a un medio ambiente sano) que han cubierto un espacio de narrativa que explica que, más allá de las consideraciones económicas que implica la adaptación productiva a la minimización del riesgo climático, la sociedad en su conjunto debe proveer lo necesario para que la siguiente generación pueda ejercer su derecho a un medio ambiente sano, no solamente por razones de altruismo o de filantropía, sino de sobrevivencia como especie. 

A la incredulidad e inacción que siguió al Informe de Evaluación del IPCC del año 2013 en el que se advertía -desde entonces- de la innegable vinculación entre calentamiento global y la actividad humana, no pueden ya postergarse las medidas sugeridas por su último informe: el cambio climático es el mayor pasivo ambiental que la Humanidad haya enfrentado.